Hay algo que resulta difícil de aceptar para cualquier ciudadano: que cuando llegan los recortes, las dificultades o la falta de recursos, parezca que quienes tienen menos son siempre los primeros en pagar las consecuencias. Y, mientras tanto, alrededor del poder político continúan existiendo gastos, privilegios y situaciones que merecen, como mínimo, una explicación.
Hoy martes 23 de septiembre, hemos visto una imagen difícil de olvidar: una mujer de 87 años, con una salud delicada y que llevaba alrededor de setenta años viviendo en su casa de Madrid, ha sido desahuciada. La comisión judicial ejecutó el lanzamiento y la mujer tuvo que salir en camilla. El caso ha provocado una enorme movilización ciudadana.
Y una pregunta resulta inevitable: ¿no puede un Estado que se considera social encontrar una solución cuando una persona de esa edad se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad?