
En un país como España, donde la política se ha convertido en un espectáculo de desgaste constante, donde los grandes partidos se anulan mutuamente en una guerra de trincheras, los trabajadores, quienes sostienen día a día el funcionamiento real de la nación, enfrentan una encrucijada cuando lleguen las nuevas elecciones, votar no para elegir a los mejores, sino para evitar a los peores.
La desafección es comprensible. La corrupción no distingue colores. La falta de compromiso social es transversal. Pero por más legítimo que sea el hartazgo, hay algo aún más peligroso, el retroceso, y de eso ya tenemos ejemplos cercanos.
Durante años, los pensionistas vieron cómo sus ingresos se ajustaban por debajo del coste real de la vida. Entre 2013 y 2017, con la aplicación del índice de revalorización del 0,25%, se perdió mucho poder adquisitivo frente a la inflación. Hoy, el sistema ha cambiado, las pensiones se revalorizan conforme al IPC medio, “pero siempre aplicado sobre el bruto, no el líquido a cobrar”.
Pero esta subida no es un regalo, es el resultado de una reforma pactada, de presión ciudadana y de una visión que puede desaparecer si vuelve al poder una orientación política que defiende una fórmula regresiva.