Ante la reciente expulsión ilegal de Estados Unidos a El Salvador de 238 nacionales venezolanos acusados de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:
"La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución. Además, es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele.