En España existe una verdad que se repite generación tras generación, cada vez que se debilita lo público, las consecuencias no las sufren quienes toman las decisiones, sino quienes dependen de esos servicios para vivir con dignidad. Y la experiencia demuestra que, cuando la derecha gobierna con una agenda centrada en recortes, privatizaciones y desregulación, las heridas sociales tardan años en cicatrizar. Por eso la pregunta no es sólo qué país queremos, sino qué país no estamos dispuestos a volver a aceptar.
La sanidad y la educación, los dos termómetros sociales. El estado de la sanidad pública dice más de un gobierno que cualquier discurso. Cuando se recorta personal, cuando se privatizan servicios, cuando se externalizan áreas enteras como si la salud fuese un negocio rentable, lo que se está haciendo es redistribuir el sufrimiento, los vulnerables esperan, los ricos pagan. Y esa fractura ya se ha visto en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades donde los modelos privatizadores avanzan, aunque sus resultados generen desconfianza, polémicas o incluso denuncias.
Con la educación ocurre algo parecido. La derecha suele presentar la “libertad de elección” como una cadena de derechos, pero la realidad es más simple, si las escuelas públicas pierden financiación y los colegios concertados ganan terreno aumenta la segregación social. Se crean aulas diferenciadas por nivel económico , por origen, incluso por expectativas vitales. Y un país que se divide desde la infancia es un país condenado a reproducir sus desigualdades durante décadas.