En los últimos meses, determinadas publicaciones en redes sociales han instalado la idea de que España “ha perdido” 60.000 millones de euros de la Unión Europea, una cifra que, por su magnitud, resulta llamativa y fácilmente utilizable como arma política o mediática.
Sin embargo, la afirmación es falsa, España no ha perdido ese dinero, lo que ha hecho es renunciar voluntariamente a solicitar la mayor parte de los préstamos disponibles en el marco del Plan de Recuperación europeo. Y lo ha hecho por una razón esencial, financiarse en los mercados internacionales resulta hoy, más barato y más flexible que recurrir a esos préstamos comunitarios.
Para comprenderlo, conviene recordar la estructura del programa europeo Next Generation (NGEU). España tenía asignados aproximadamente 163.000 millones de euros, divididos en dos bloques, subvenciones a fondo perdido, casi 80.000 millones, y préstamos reembolsables, unos 83.000 millones.
La polémica se centra en este segundo grupo. El Gobierno ha anunciado que solo utilizará una fracción de esta parte crediticia y que no solicitará alrededor de 60.000 millones que estaban disponibles. La palabra “renunciar” es clave, no se ha perdido nada, porque ningún país está obligado a pedir la totalidad de los préstamos. La decisión corresponde a cada Estado miembro, en función de su estrategia económica y de sus necesidades de financiación.
Los socialistas anuncian una iniciativa en el Parlamento andaluz, junto a colectivos sociales, para agilizar las ayudas de 2025 y 2026 del antiguo programa europeo FEGA
