España avanza en el diseño de un Pacto de Estado Climático, mientras la emergencia medioambiental deja de ser un concepto abstracto, para convertirse en uno de los factores más determinantes de la vida cotidiana. El debate político se enciende, los informes se multiplican, y la ciudadanía percibe con creciente inquietud que el cambio climático, ya no es un problema reservado a científicos o activistas, es una realidad que afecta a la economía familiar, al acceso a la vivienda y al bienestar más básico. Frente a esta evidencia sorprende que persista un negacionismo político y social que, lejos de ser anecdótico, influye directamente en la adopción, o el retraso, de medidas fundamentales.
La reciente iniciativa parlamentaria para impulsar un Pacto de Estado Climático supone, al menos sobre el papel un punto de partida prometedor. Por primera vez en años, el Congreso ha abierto un proceso de escucha en el que organizaciones ecologistas, científicas y sociales presentan propuestas concretas para abordar la emergencia climática desde una perspectiva transversal. Que este proceso cristalice o no en un acuerdo firme dependerá, sin embargo, de la voluntad real de las fuerzas políticas para dejar a un lado el cálculo electoral y asumir el compromiso de una transición que beneficie a la mayoría social.