Los taxistas de Cártama mejoran su servicio con la incorporación de una aplicación

Con el fin de dar un servicio más eficaz, los taxistas de Cártama se han adherido a la aplicación eTaxi, a través de la cual, los usuarios y las usuarias pueden solicitar un taxi desde su teléfono móvil de una forma sencilla y rápida.
 Por medio de esta herramienta, una vez solicitado el servicio, el sistema seleccionará el taxi libre más cercano que cumpla con las necesidades del cliente, enviándole un aviso e informando del tiempo estimado en llegar. Además, una vez haya llegado el vehículo se avisa al cliente que el taxi se encuentra en el punto solicitado.
Esta app es gratuita y está disponible para dispositivos Android e iOs. 

La elección ha sido mediante la asamblea general celebrada la pasada semana.
Juan José Plaza Ángulo repite como coordinador, al igual que Teresa Sánchez Ramírez como responsable de política municipal. Sebastián Gámez Galiano e Ignacio Jesús Angulo Muñoz también continúan formando parte de este órgano como responsables de organización y de finanzas, respectivamente. Se suma a la coordinara Esperanza Burgos Plaza, como nueva responsable de comunicación y redes sociales.  
La coordinadora local es el órgano de representación municipal de Izquierda Unida. La renovación de este órgano representa un impulso para seguir trabajando por Alhaurín desde los valores de la izquierda, bajo el prisma de la justicia social, la libertad de expresión y pensamiento y por la igualdad de oportunidades para todas las personas del municipio.

El periodo medio de pago de las facturas que emiten las empresas que trabajan con el Consistorio se ha reducido, cumpliendo con la ley que marca un plazo máximo de 30 días.
El equipo de gobierno de Coín puede seguir presumiendo de gestión económica, en este caso, en lo referente al periodo medio de pago a sus proveedores. El Ayuntamiento ha conseguido que el plazo medio en el que se paga a las empresas que trabajan con el ente se reduzca a 26 días, lo que hace que se ajuste a la ley que fue aprobada por el Gobierno central en 2014, que obliga a las administraciones a hacer públicos los plazos que tardan en pagar, así como a que no supere los 30 días.