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PP, Junts, Vox y PNV se niegan a validar la prórroga que ya protege a más de 35.000 familias de las subidas del alquiler | | Eduardo Madroñal Pedraza. 02.05.26 | |  Las organizaciones sociales denuncian la falta de acción de las administraciones para defender el derecho a la vivienda y llaman a la movilización en las calles durante las próximas semanas La Coalición #NiUnDesahucioMás, que engloba a más de 100 organizaciones sociales, en este mes de vigencia del Real Decreto Ley se han solicitado más de 33.500 prórrogas. Hoy en el Congreso de los Diputados se votaba la convalidación del Real Decreto Ley para la prórroga de alquileres y limitación a la subida interanual de la renta del alquiler, el cual ha decaído con los votos en contra del PP, VOX, JUNTS y UPN, la misma coalición que tumbó hace escasos meses la moratoria anti-desahucios. Además, en esta última votación, PNV se ha abstenido. | La Coalición #NiUnDesahucioMás estima que en este mes de vigencia del Real Decreto se han solicitado más de 33.500 prórrogas**, las cuales se deberán respetar por parte de la propiedad y los tribunales al haberse solicitado durante su período de vigencia y gozar de total validez jurídica. No obstante, a pesar del esfuerzo realizado por las organizaciones sociales para llegar a este número de prórrogas, cientos de miles que no lo han podido solicitar quedarán en desprotección al no convalidarse el Real Decreto-Ley. Según cifras del Ministerio de Consumo alrededor de un millón de hogares inquilinos podían acogerse a la prórroga, medida que ha tenido un amplio eco social y mediático, de manera que el número de prórrogas solicitadas han sido muy superiores a la cifra estimada por nuestras organizaciones.
De este modo se plantea un contexto alarmante para el derecho a la vivienda. Con la caída de la moratoria anti-desahucios y la prórroga de alquileres, en los próximos meses se puede producir un tsunami de desahucios. La activación de los 70.000 desahucios paralizados, más todos los desahucios invisibles que se produzcan de aquellos alquileres que no se hayan acogido a la prórroga, agravará de manera exacerbada la crisis de vivienda que atraviesa el país.
Denunciamos que las administraciones públicas no están dando respuesta a esta grave crisis e incluso, en zonas dónde ni siquiera se ha hecho declaración de zona de mercado residencial tensionado, no existe provisión razonable de viviendas para acoger a toda la gente que será desalojada en los próximos meses y años, si no se toman medidas mucho más ambiciosas.
Desde la Coalición #NiUnDesahucioMás, pensamos que esta situación no podrá ser mitigada con la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda, que, aunque apuesta por ampliar el parque de vivienda de protección oficial permanente, no prevé los recursos suficientes para conseguir las cantidades ingentes de vivienda a precio asequible que se necesitan para mitigar el principal problema de la sociedad española. Además, hasta que las medidas propuestas en el Plan sean aplicadas, las familias seguirán sin poder acceder a viviendas y seguirán sufriendo desahucios diarios.
Reclamamos una vez más un plan de contingencia o "de choque" valiente que aborde de manera estructural e inmediata el problema de la especulación con la vivienda. Entre las medidas propuestas debería incluir la recuperación de la moratoria de desahucios, contratos de arrendamiento indefinidos, control de precios de la vivienda y captación de vivienda mediante la figura del tanteo y retracto para ser destinada a alquiler social y asequible. Se trata de medidas coyunturales imprescindibles mientras se trabaja para aumentar el parque de vivienda social que nos equipare a los países más avanzados del mundo en la materia, en los cuales afirmar que "la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar" no suena a eslogan sino a realidad.
A su vez, mientras que se reduce la protección en materia de vivienda con la población vulnerable, se está produciendo una inacción por parte de las administraciones públicas ante el mercadeo de fondos buitre con antigua vivienda pública. Hace escasas semanas se hacía pública la venta de 5.000 viviendas de Blackstone a Brookfield, dejando en el limbo la situación de sus inquilinos.
Ante todos estos acontecimientos, la Coalición #NiUnDesahucioMás anuncia que durante las próximas semanas se convocarán movilizaciones masivas para hacer frente a esta situación y señalar a todos los responsables políticos, y hace un llamado a la ciudadanía para que exija en la calle y de manera urgente medidas a todos los niveles de la administración que sean soluciones reales al problema de la vivienda.
Primero de mayo demanda la vivienda como derecho vital
"¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonen millones (...), otros caen en la degradación y la miseria". George Engel, obrero ahorcado en Chicago en 1886.
La vivienda es una de las condiciones materiales para que podamos vivir de manera digna. PiedraNegra (Blackstone) y otros fondos buitres yanquis se enriquecen con una de las necesidades vitales de todos nosotros, las gentes de bien. Para arrancarnos el máximo de ganancias han generado un aparentemente imparable aumento de los precios del alquiler y la compra de vivienda.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos
Que no haya oncólogos en Ibiza es un drama. Que haya gente que apruebe una oposición y que tenga que renunciar a una plaza pública porque con el salario no puede acceder a una vivienda es un drama.
La vivienda es ya el primer problema de la ciudadanía actualmente en España. Todas las centrales sindicales incorporan ya entre sus reivindicaciones una serie de intervenciones en el mercado, en las políticas públicas y también en la negociación colectiva.
La vivienda se ha convertido en una emergencia social. No puede ser tratada como un bien de especulación, reza el Manifiesto del 1º de Mayo de CCOO y UGT, que sitúa la crisis habitacional en el centro de la acción política. Y afirma que el acceso a una vivienda digna es un derecho estratégico, recogido en el artículo 47 de la Constitución, esencial para el bienestar, la salud y la seguridad de las personas, además de ser un factor indispensable para la cohesión social y el crecimiento económico. Porque sin vivienda, no hay proyecto de vida. Y sin proyecto de vida, no hay cohesión social ni democracia. Hemos conversado con Lola Navarro Giménez, vicesecretaria general de la UGT. A nuestro estilo reseñamos lo esencial.
La vivienda, el grave problema de la clase trabajadora
Es un grave, muy grave, problema de toda la clase trabajadora. Porque la vivienda absorbe cualquier mejora negociada a través de los convenios colectivos o través de las reformas que abordan las centrales sindicales. Esto es un drama porque nada de lo conseguido es suficiente, porque no llega a los trabajadores, no llega a la sociedad, porque el crecimiento económico no llega a la gente. Es una frustración permanente.
Es fundamental la creación de un parque extenso de vivienda pública, protegida y permanente, principalmente de alquiler sin eliminar la posibilidad de la compra y siempre exigiendo que el precio del alquiler no puede superar el 30% de los ingresos de un salario medio.
Un pacto de Estado, un pacto social
Hace falta un pacto social entre todas las administraciones. Hay que aliar a todas las administraciones, ayuntamientos locales, de comunidades autónomas y del gobierno para que realmente se pueda abordar la vivienda desde diferentes perspectivas y desde diferentes prismas, aquí nadie por si solo va a resolver esta crisis habitacional. Que todas las administraciones se sumen a un pacto de Estado por la vivienda, de social a lo político, de la derecha a la izquierda.
Es esencial un fondo público que vaya construyendo viviendas a lo largo de una década, a un ritmo de unas 100.000 viviendas anuales, pero es insuficiente. Hace falta un programa de alquiler seguro y asequible que se base en la captación de inmuebles privados o públicos, viviendas de instituciones y de propietarios privados, porque hay muchísima vivienda en manos de ministerios y administraciones, que con garantías llegue a la ciudadanía con la limitación al precio de alquiler del 30 %.
La clave, la unidad social
La sociedad está sensibilizada con el drama de la vivienda y mucha gente de bien, en caso de ser propietarios, estarían dispuestos a bajar el precio del alquiler si eso supusiera quitarle tensión al grave problema de la vivienda. Porque se necesitan más de 50 años de salario para comprar una vivienda. Un drama de largo recorrido y de urgencia, porque no tenemos tiempo, se come las mejoras sociales y la gente no puede esperar.
En sectores como restauración, construcción y función pública es urgente exigir en la negociación colectiva que ayuden a garantizar la vivienda a los trabajadores desplazados a esas zonas que los necesitan. Pero viviendas con condiciones dignas y no, como en los años 70, durmiendo en los bajos de los hoteles.
La vivienda debe ser una prioridad de las organizaciones sindicales, y en todos los primeros de mayo que se celebran en todas las provincias de España, tiene que oírse la reivindicación de la vivienda como derecho vital. Y tiene que ser un movimiento social donde todos nos unamos.
Eduardo Madroñal Pedraza |
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