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Izquierda Unida de Alhaurín el Grande lucha por la claridad y seguridad urbanística
Izquierda Unida de Alhaurín el Grande. 03.10.14 
En el último pleno celebrado el pasado viernes 26 de septiembre el portavoz del PP, Diego Navas, nos acusó de estar en contra de la legalización de las viviendas construidas en el rústico y de no estar dispuestos a luchar contra la demolición de estas viviendas.   
Izquierda Unida es, ante todo, una fuerza política que defiende en todo momento el respeto a la legalidad. Por ello,  abogamos por conseguir que la legislación no sólo sea clara; sino que proporcione a los ciudadanos algo tan esencial como la seguridad jurídica. En este sentido, consideramos que actualmente, la legislación urbanística de Andalucía es farragosa y confusa en muchos aspectos.
En el citado Pleno  se estaba debatiendo una petición de la Junta de Andalucía para que el Ayuntamiento anule una serie de decretos en los que se declaran como legales fuera de ordenación unas viviendas, que según la Junta, deben ser consideras asimiladas a fuera de ordenación. Hay que recordar a los vecinos, que son dos figuras legales distintas. La primera, legales fuera de ordenación, es la figura que se le puede adjudicar a aquellas viviendas que se construyeron legalmente y con su correspondiente licencia, y que con el paso del tiempo y el cambio de legislación han quedado fuera de ordenación. La segunda, asimiladas a fuera de ordenación, es la aplicable a aquellas viviendas que se construyeron de forma irregular, fuera de ordenación y sin licencia, y que una vez pasado el tiempo para ejercer sobre ellas acciones legales, se encuentran en esa situación. Para estas viviendas se les otorga una serie de medidas de mantenimiento y conservación.
 
En ninguno de los informes de la Junta de Andalucía se hablaba de demoliciones de viviendas. Por tanto, la utilización del argumento de la posible demolición, por parte del portavoz Diego Navas, no es más que un intento de transmitir miedo primero entre los afectados y también entre los vecinos en general, con un claro interés político y electoral.
 
Por su parte, en el informe de la Oficina Técnica, el Ayuntamiento justificaba esta opción por la situación en la que se ha desarrollado el urbanismo en nuestro pueblo. Tenemos que recordar, que las normas urbanísticas aprobadas en el Pleno  en 1994 no fue publicado hasta el año 2010. Esta no publicación constituyó una situación irregularidad que condujo, tal y como señalamos en el Pleno, a un auténtico caos.

Esta situación de caos tiene, evidentemente, unos responsables que, en ningún caso, es IU. Hay que recordar que el PP gobierna nuestro pueblo con mayoría absoluta desde 2007, y ya podían haber aclarado la situación.
En las últimas semanas, se han anunciado una serie de medidas encaminadas a regularizar más de 25.000 viviendas. Ante este anuncio, que consideramos que es electoralista, IU ha mostrado sus reservas, porque más que anuncios, más o menos efectistas, lo que los propietarios de estas viviendas necesitan es una ley clara que suponga una solución definitiva a este problema.
 

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