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La Junta estudia una solución para que 26 municipios malagueños no se queden sin las ayudas del Plan de solidaridad y garantía alimentaria
Junta de Andalucía. Delegación de Málaga. 07.08.14 
La Diputación de Málaga presentó la solicitud fuera de plazo y eso impide que estas localidades de menos de 1.000 habitantes reciban estos fondos.
La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales va a estudiar la fórmula legal para evitar que 26 municipios malagueños de menos de 1.000 habitantes se queden fuera del reparto de ayudas del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, recogido en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. La razón de que estén excluidas radica en que la Diputación de Málaga presentó fuera del plazo la solicitud de estos fondos, que tienen como fin de garantizar las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.


Según establece este Decreto-ley, ante la reducida estructura administrativa de estos ayuntamientos, son las diputaciones provinciales las que canalizan la solicitud, reciben el dinero de la Administración autonómica y son competentes para la financiación de la adquisición de alimentos con el fin de distribuirlos posteriormente.

La tardanza en registrar la solicitud por parte de la Diputación de Málaga tiene además otra consecuencia. De acuerdo con este Decreto-ley, cuando cualquier ayuntamiento no formula su petición a tiempo o renuncia al dinero que se le ha asignado, los fondos deben reasignarse a su correspondiente diputación provincial para su posterior distribución entre los municipios de población menor de 1.000 habitantes de la provincia. Esta opción también queda anulada porque, al no solicitarlo la Diputación malagueña a tiempo, estas pequeñas localidades han perdido esa condición de doble beneficiario.

Para paliar el perjuicio que este descuido administrativo de la Diputación malagueña puede tener en personas que están en riesgo de exclusión social, el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, se ha comprometido a buscar los mecanismos posibles para que esos fondos no se pierdan. “Se pretende evitar que sean los ciudadanos los que se vean afectados por este fallo cometido por la Diputación de Málaga, la única de Andalucía que no ha cumplido con su función de atender y cooperar con los pequeños municipios”, subrayó Camacho.

El montante global de la ayuda que les correspondía a estas 26 entidades locales malagueñas asciende a 15.382 euros. Los municipios afectados con Atajate, Salares, Júzcar, Parauta, Faraján, Carajima, Benadalid, Alpandeire, Pujerra, Jimera de Líbar, Árchez, Benalauría, Genalaguacil, Macharaviaya, Alfarnatejo, Benarrabá, Cútar, Jubríquez, Sedella, Totalán, Carratraca, Igualeja, Algatocín, Iznate, Canillas de Albaida y El Borge.

La solución que se adopte para estos entes locales también será aplicable a otros 17 ayuntamientos andaluces de más de 1.000 habitantes que tampoco han remitido la documentación en plazo. De estos, siete son de Málaga (Manilva, Monda, Casarabonela, Comares, Benahavís, Cuevas de Becerro y La Viñuela), cinco de Granada, dos de Córdoba y otros dos de Sevilla, y uno de Huelva. El dinero que les correspondería alcanza los 99.584 euros.
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