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El parque público de vivienda y el suelo | | José Rivera. 02.02.26 | | Resulta insoportable contemplar cómo un Gobierno que se llama "socialista" está entregando el parque público de vivienda y el suelo de todos los ciudadanos en bandeja a seudo fundaciones privadas, capital privado y holdings nacionales e internacionales que se han lanzado a lo que pare ellos es un mercado financiero sin parangón, la vivienda protegida en régimen de alquiler, todo ello al abrigo de suelo cedido gratuitamente durante 75 años y ayudas públicas a fondo perdido que sufragan en algunos casos más de la mitad del coste de la viviendas destinadas a un " alquiler social", algo que no han hecho nunca, ni harán sin estas condiciones, no han arrimado el hombre nunca a la vivienda protegida, que unido a la inacción en esta materia por todas las administraciones locales, se suma a que esto ahora sólo lo hacen en este escenario.
Esta forma de desposeer a los que más lo necesitan de la materia, prima, el suelo público sobre el que ellos mismos, sin pedir recursos del presupuesto municipal, podrían desarrollar de forma transparente, segura, a precio de coste sin ningún tipo de lucro ni especulación una vivienda digna, para toda la vivida. | Sin embargo las administraciones, en este caso clama al cielo que el propio ministerio con su ministra al frente lo haga, y además se pasee por las redes sociales tomando el pelo a toda la ciudadanía española.
Este modelo de colaboración publico privada no es eficiente, es injusto y es infinitamente peor y más costoso para los ciudadanos, a los que debería defender la ministra, condenando a la economía social a empoderarse y poder llevar a cabo por sí misma lo que ni el gobierno ni las administraciones han sabido resolver, de ahí que no encontremos inmersos en este drama habitaciones, del que rehúyen asumir la responsabilidad que sin duda tienen.
En lugar de eso, tiran del privado en lugar de mirar a los ciudadanos a los que solo parecen dirigirse en tono electoral o para avivar el fuero de la separación y la polarización sobre un asunto que no debería de politizarse ni de ideologizarse, como lo están haciendo unos y otros, y de una ver por todas a los ciudadanos que se lo merecen con total seguridad mucho más que fondos o fundaciones de capital privado que quieren un parque de gestión y rentas privadas y que impide el acceso a la economía social, para crear de verdad un parque de vivienda protegida asequible, sobre un suelo público que las administraciones prefieren poner al servicio del capital privado en lugar de a los ciudadanos que por sí mismos podrían proveerse de una vivienda digna asequible sin entrar en el bucle de rentas infinitas a que les va a someter el sector privado bajo un falso marco de " colaboración público privada " , que no es más que la rendición de los servidores públicos al negocio financiero deshumanizado y permanente del capital privado que ahora curiosamente se ha tirado en plancha al sector de la vivienda protegida de la que han hecho ascos siempre.
Sin duda que se están apoderando de lo común mediante concesiones de hasta 75 años.
Setenta y cinco años: tres generaciones condenadas a un modelo de alquiler rotacional e infinito, que convierte el derecho a la vivienda en una puerta giratoria de precariedad, impidiendo que miles de familias puedan avanzar, ahorrar o construir un futuro estable. Es una trampa perfecta: una política que perpetúa la dependencia, la incertidumbre y la desigualdad bajo el disfraz de una "solución innovadora".
Mientras tanto, quienes desde la economía social, las cooperativas y la gestión ciudadana venimos demostrando que hay otra vía , más eficiente, más justa, más humana, somos ignorados.
Y lo grave es que ni la ley autonómica, ni la estatal, ni la europea respaldan este despropósito. Todas ellas afirman con claridad que la economía social, es decir, los ciudadanos organizados democráticamente, deben gozar de prioridad en el acceso y gestión del suelo público.
Pero al parecer, este Gobierno ha decidido olvidar su propio marco legal y ético, abrazando las fórmulas del capital privado por conveniencia política, o por miedo a perder el favor de quienes especulan con lo que debería ser un derecho.
El colmo es que ahora presumen de "movilizar 2.800 viviendas", copiando y empeorando, aquello que llevamos años denunciando en los ayuntamientos.
Al menos algunos municipios comienzan a entender lo que el Gobierno central desprecia: que la vivienda pública debe gestionarse desde la comunidad, no desde los despachos de las seudo fundaciones ni desde los comités financieros de los fondos.
Desde AGEVIAND y SOS VIVIENDA Y SUELO lo decimos alto y claro:
La cesión de suelo público a entidades privadas por 75 años no es política social; es privatización encubierta.
Y es aún más doloroso cuando quien la impulsa es un Gobierno que debería saber de qué lado de la historia se encuentra.
La economía social no pide privilegios, exige coherencia. Exige que las instituciones den prioridad a lo que verdaderamente empodera a las personas: la gestión cooperativa, la propiedad colectiva, la estabilidad y la vivienda digna.
No hay justificación posible para seguir alimentando modelos que condenan a generaciones enteras al alquiler eterno.
Señora ministra, gobernar no es posar en fotos con ladrillos y promesas huecas.
Gobernar es proteger el derecho a vivir dignamente, no blindar los negocios de siempre bajo nuevos nombres.
Y si ustedes no lo hacen, seremos nosotros, la ciudadanía organizada, quienes lo recordaremos en cada calle, en cada barrio y en cada voto.
Porque la vivienda no es un activo financiero: es el hogar, el presente y el futuro de un país.
Por una vivienda cooperativa, accesible y colaborativaDarme de baja
JOSÉ RIVERA |
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