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Global: El comercio sin restricciones de material para hacer cumplir la ley alimenta las violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas — nueva investigación
Amnistia Internacional. 12.10.23 
Se están vendiendo armas tales como gas lacrimógeno, balas de goma, porras y granadas paralizantes a países que las usan para reprimir violentamente las protestas
Se ha identificado a empresas de China, Francia-Italia, Corea del Sur y Estados Unidos
La regulación global del comercio es totalmente inexistente
“Las empresas que producen estas armas tienen el deber de poner fin a su irresponsable comercio de material para hacer cumplir la ley” - Patrick Wilcken
Las empresas que venden armas menos letales a países que abusan de ellas para reprimir protestas, y los Estados que conceden licencias para estas exportaciones, están alimentando una crisis global de derechos humanos y deben detener este irresponsable comercio. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una nueva investigación publicada hoy.
The Repression Trade: Investigating the Transfer of Weapons Used to Crush Dissent identifica 23 grandes fabricantes de material menos letal y munición de caza cuyos productos se han utilizado de forma ilegal en protestas en 25 países de todo el mundo. Las armas —entre las que se encuentran gas lacrimógeno, balas de goma, porras y granadas paralizantes— se han utilizado de forma habitual en violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y otros malos tratos de manifestantes y personas detenidas en todo el mundo.

Amnistía Internacional ha utilizado técnicas de fuentes de acceso público, análisis de armas y datos de comercio para demostrar hasta qué punto es urgente abordar la falta de transparencia y de regulación estatal del comercio de material para hacer cumplir la ley.

“En los últimos años se han usado reiteradamente armas menos letales para intimidar y castigar a manifestantes, y ese uso ha causado miles de heridas evitables y decenas de muertes en el mundo entero”, ha manifestado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.

“Algunas empresas han exportado de forma habitual armas a países con unos historiales terribles de derechos humanos, pese a recibir informes de que se hacía un uso abusivo de ese material que exportaban. La deplorable falta de regulación estatal del comercio está permitiendo que se cometan violaciones de derechos humanos y está socavando el derecho de protesta pacífica en todo el mundo.”

“Las empresas que producen estas armas tienen el deber de poner fin a su irresponsable comercio de material para hacer cumplir la ley. Es hora de que estas empresas respeten plenamente todos los derechos humanos, con independencia del lugar en el que operen.”

Los Estados que aprueban estas exportaciones y conceden licencias para realizarlas están facilitando la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y otros malos tratos, y deben regular urgentemente este comercio.
 
Amnistía Internacional pide a los estados que atiendan los llamamientos del relator especial de la ONU sobre la tortura y apoyen un tratado firme sobre el comercio sin tortura que prohíba el uso intrínsecamente abusivo del material para hacer cumplir la ley, y que introduzcan estrictos controles basados en los derechos humanos para regular el comercio de este material que a menudo se emplea para infligir tortura u otros malos tratos.

Beneficiarse del dolor

Al examinar las imágenes de protestas de la última década, Amnistía Internacional encontró indicios del uso irresponsable de armas menos letales en todas las regiones del mundo, en algunos casos con consecuencias mortales.

La campaña emblemática de Amnistía Internacional Protejamos la Protesta ha sacado a la luz numerosas violaciones del derecho a la protesta en todo el mundo. Países del mundo entero siguen haciendo un uso indebido de armas menos letales como gas lacrimógeno, balas de goma, aerosoles de pimienta y porras para hostigar, intimidar, castigar o dispersar a manifestantes, reprimiendo su derecho de reunión pacífica.

El comercio de armas menos letales, incluido el material para control de multitudes, está cada vez más globalizado. China, Corea del Sur, Estados Unidos e importantes países europeos dominan el mercado, pero hay empresas de países emergentes —como Brasil, India y Turquía— que también fabrican para sus mercados nacionales y exportan ampliamente.

Cheddite es una empresa francoitaliana que fabrica proyectiles y cartuchos. Estos últimos, que pueden cargarse con perdigones de plomo utilizados para cazar, se han utilizado ilegalmente contra manifestantes en Irán. También se han publicado en las redes sociales fotografías verificadas de cartuchos de escopeta disparados de marca Cheddite durante protestas en Myanmar y Senegal que han estado enturbiadas por violaciones de derechos humanos.

Combined Systems es uno de los mayores fabricantes de armas menos letales de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha verificado imágenes de sus productos en uso en Estados Unidos, y también en una serie de países —como Egipto, Israel, Túnez y Colombia— en los que las fuerzas de seguridad han utilizado de forma habitual fuerza ilegítima para reprimir las protestas.

Norinco Group es un conglomerado estatal chino que fabrica una amplia gama de sistemas armamentísticos convencionales. En Kenia, Venezuela, Georgia, Guinea, Bangladesh y Sri Lanka han aparecido imágenes verificadas de vehículos blindados y armas menos letales fabricadas por Norinco Group, en el contexto de violaciones de derechos humanos relacionadas con protestas.

En la investigación se incluyen también dos empresas surcoreanas. Amnistía Internacional ha documentado el uso ilegítimo de gas lacrimógeno y otras armas menos letales de DaeKwang Chemical Corporation en Bahréin, Myanmar y Sri Lanka. La organización también ha verificado grabaciones de vídeo y ha obtenido fotografías que muestran a la policía utilizando granadas de gas lacrimógeno exportadas por CNO Tech para reprimir protestas en Sri Lanka y Perú.

De acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas deben elaborar e implementar políticas y procesos relativos a la diligencia debida respecto a los derechos humanos que identifiquen y aborden los riesgos en materia de derechos humanos relacionados sus operaciones y sus cadenas de suministro.

Las empresas que exportan material que conlleva el riesgo de ser utilizado indebidamente por las fuerzas policiales y de seguridad —especialmente a países con un mal historial de cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos— deben aplicar rigurosamente la diligencia debida en materia de derechos humanos antes de proceder con cualquier venta. Si es imposible prevenir o mitigar las posibles consecuencias negativas del uso de sus productos y servicios en los derechos humanos, la empresa debe suspender o cesar el suministro de manera responsable.

“Aunque no siempre es posible rastrear las cadenas exactas de tipos específicos de armas, nuestros indicios señalan enérgicamente largos patrones de comercio irresponsable que siguen causando daño”, ha manifestado Patrick Wilcken.

“Las empresas que fabrican estos materiales tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y no deben exportar sus productos a países en los que existe el riesgo de que las armas menos letales sean utilizadas de forma ilegal contra manifestantes.”

“Los Estados deben apoyar las recomendaciones del informe hecho público hoy [12 de octubre] por el relator especial de la ONU sobre la tortura en Nueva York respecto a elaborar legislación internacional jurídicamente vinculante para regular este comercio.”

Amnistía Internacional se puso en contacto con las empresas identificadas y les ofreció la oportunidad de responder a las conclusiones de la organización. Al momento de esta publicación, ninguna había respondido.

La campaña de Amnistía Internacional Protejamos la Protesta pide a los gobiernos que transmitan el mensaje inequívoco de que hay que proteger a quienes protestan, y los exhorta a que eliminen los obstáculos y las restricciones innecesarios al ejercicio de la protesta pacífica.
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