Casi nunca importa lo que decimos, sino cómo y dónde lo decimos. No quería dejar pasar este mes, sin escribir algo sobre nuestro gobierno andaluz, que tan peculiarmente preocupado está por los servicios públicos de nuestra tierra. Podemos construir una nueva verdad, describir un relato que engulle lo anteriormente vivido, sólo hay que contar con los recursos para poder llevarlo a cabo. Recientemente, el Presidente de la Junta reivindicó, en la televisión andaluza, que el 5% de los puestos de trabajo de las empresas fueran para personas con discapacidad. La ley actual LGD (Ley General de Discapacidad) en su artículo 42 establece que, las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores, tienen la obligación legal de incorporar como mínimo ,en su plantilla, a un 2% de trabajadores y trabajadoras con una discapacidad del 33%. Hay que decirle que la ley LGD se aprobó y se puso en marcha durante la primera legislatura del señor Rajoy. Dicha ley sustituía a otra que data de 1982, 7 de abril, LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) aprobada por el gobierno socialista, que puso en marcha el 5% de la incorporación del discapacitado, al mundo laboral. No son necesaria técnicas de consuelo, lo necesario es volver a recuperar un 5%. Otras acciones llevadas a cabo por su actual gobierno son las desarrolladas en educación, no avancemos hacia la retaguardia, que es la mejor manera de retroceder.