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Agualevante
Carlos Carmona Sanchez. 13.02.23 
Casi nunca importa lo que decimos, sino cómo y dónde lo decimos. No quería dejar pasar este mes, sin escribir algo sobre nuestro gobierno andaluz, que tan peculiarmente preocupado está por los servicios públicos de nuestra tierra. Podemos construir una nueva verdad, describir un relato que engulle lo anteriormente vivido, sólo hay que contar con los recursos para poder llevarlo a cabo. Recientemente, el Presidente de la Junta reivindicó, en la televisión andaluza, que el 5% de los puestos de trabajo de las empresas fueran para personas con discapacidad. La ley actual LGD (Ley General de Discapacidad) en su artículo 42 establece que, las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores, tienen la obligación legal de incorporar como mínimo ,en su plantilla, a un 2% de trabajadores y trabajadoras con una discapacidad del 33%. Hay que decirle que la ley LGD se aprobó y se puso en marcha durante la primera legislatura del señor Rajoy. Dicha ley sustituía a otra que data de 1982, 7 de abril, LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) aprobada por el gobierno socialista, que puso en marcha el 5% de la incorporación del discapacitado, al mundo laboral. No son necesaria técnicas de consuelo, lo necesario es volver a recuperar un 5%. Otras acciones llevadas a cabo por su actual gobierno son las desarrolladas en educación, no avancemos hacia la retaguardia, que es la mejor manera de retroceder.
Según la LODE (1985), la concertación se realiza para cubrir zonas donde no habían escuelas públicas suficientes. Permitiendo, con ello, atender a cualquier ciudadano en edad escolar en la zona más próxima acortando los desplazamientos, reduciendo el uso del automóvil, evitando el levantamiento de los alumnos y alumnas una o dos horas antes para llegar a su centro. Le recuerdo, que los centros concertados están subvencionados al cien por cien, con dinero público, si alguien se lucra pregunte por la entidad privada que lo regenta. Señor Presidente, no ataque más a la red pública de protección, sobre todo, a la sanidad. Cómo decía el paisano Don Manuel Alcántara: - apuntarse al ganador es muy fácil, siempre que el sorteo se celebre un día después, cuando ya se sepa el resultado, y ya sabe que le está ocurriendo a su homóloga en Madrid es cómo si la derecha española estuviera empeñada en acabar con la sanidad pública. Se ha desconvocado la huelga en Andalucía, gracias a un acuerdo con el S.M.A. (Sindicato Médico Andaluz), sin tener en cuenta a otros colectivos sanitarios. Los acuerdos limitan la agenda de los médicos de familia a 35 paciente diarios y la de los pediatras a 25, insuficiente, según el resto de sindicatos. Habiendo falta de recursos humanos en general, y un número alto a pesar de la reducción de pacientes, no se acabará con la precariedad en la atención primaria, y por lo tanto, continuará la saturación de los servicios de urgencias. Por último, debería comenzar a preocuparse por la censura que le hace la Cámara de Cuentas por opacidad debido a la gestión del dinero europeo.
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