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Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 26 de agosto de 2014
Junta de Andalucía. Delegación de Málaga. 26.08.14 
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
• Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía
• Comunicación del Gobierno andaluz para la celebración del debate sobre el Estado de la Comunidad 2014
• Decreto regulador del régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras y Usuarias
• Acuerdo de formulación de los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (Málaga)
• Decreto de modificación de estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
• Transferencia de créditos, por importe de 5,2 millones de euros, con destino al pago de préstamos reintegrables para la compra de vivienda libre en stock
Una nueva ley integrará la FP Inicial y para el Empleo, reforzará los controles y creará una red pública

Los centros privados estarán obligados a inscribirse en un registro para poder optar a subvenciones de la Junta

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de la Ley de Formación Profesional de Andalucía, que establece una reforma integral de estas enseñanzas con el objetivo de elevar los niveles de cualificación de la población activa andaluza y potenciar el empleo.

La futura norma reforzará los mecanismos de control de las actividades formativas, creará una red pública de centros y unificará la regulación de la FP Inicial o reglada (dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años) y de la formación para el Empleo u ocupacional (dirigida a la población activa, tanto ocupada como desempleada) para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

El texto legal, pionero en España, prevé la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía como medio de integración coordinada de todas las políticas activas en la materia, la formación profesional en sus distintas modalidades y los servicios de información y orientación profesional, hasta la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no regladas.

Casi 130.000 andaluces se están beneficiando a lo largo del curso 2013/2014 de las distintas actuaciones de Formación Profesional, tanto Inicial (118.845) como para el Empleo (9.695). El sistema está compuesto por una red de 491 centros públicos, de los que 482 ofrecen FP Inicial. A estos se suman 84 centros privados concertados.

La futura norma establecerá una estrecha relación entre la FP y el sistema productivo andaluz, con la implicación de las empresas tanto en la organización de las acciones formativas como en la contratación de las personas formadas o acreditadas. También se regula el desarrollo de la formación profesional en alternancia o dual, es decir, aquella que combina la actividad formativa con la laboral en una empresa. Para la realización de estos proyectos se establecerán convenios de colaboración entre los centros de formación y las compañías del sector correspondiente. En Andalucía se aplica actualmente en fase de experimentación este modelo en once centros, con buenos resultados de inserción laboral.

Igualmente, para fomentar el emprendimiento, tanto en la FP Inicial como en la Ocupacional se promoverá el desarrollo de proyectos empresariales ligados a la innovación y a la transferencia tecnológica, sobre todo en relación a las iniciativas sociales y al medio rural. En estos últimos se contará con la implicación de las personas mayores, para fomentar el aprendizaje intergeneracional.

El Consejo Andaluz de Formación Profesional será el encargado de planificar la oferta formativa, regulada por completo en el anteproyecto de ley. En este órgano, en el que están representados el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), las entidades sindicales y empresariales más significativas y aquellas consejerías con competencias en formación, entran a formar parte las corporaciones locales, los agentes de economía social más representativos y las organizaciones de centros de formación profesional. Un Plan Plurianual de Innovación, Calidad y Evaluación, que elaborará el IACP, medirá la consecución de objetivos a través del parámetro de la inserción laboral del alumnado.

Asimismo, se establecerá un protocolo común y una plataforma única de recursos entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y al SAE para la puesta en marcha de un sistema integrado de información y orientación profesional. La futura norma también especifica la creación del Catálogo Andaluz de Cualificaciones Profesionales, con el fin de incluir aquellas específicas del tejido productivo de Andalucía que no tienen reflejo en el listado nacional, como las de los sectores textil (patronaje de piel y cuero), minero y de enseñanzas artísticas (cante y baile, guitarra y percusión flamencas).

Red de Centros
El nuevo ordenamiento tendrá como uno de sus pilares la creación de la Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía, a través de un modelo de gestión pública que dote de mayores garantías, calidad y reconocimiento a la oferta formativa. Para estar en esta red pública, que será requisito imprescindible para recibir subvenciones, los centros deberán estar autorizados e inscritos en el nuevo Registro de Centros de Formación Profesional de Andalucía. Las organizaciones empresariales, los sindicatos, las federaciones de cooperativas o las empresas sólo podrán impartir formación profesional a través de centros que sean de su titularidad y que estén autorizados como tales.

Además, a los establecimientos privados que se incorporen a esta red se les impone como condiciones el tener autonomía financiera suficiente; acreditar un funcionamiento ordinario adecuado; poseer experiencia previa formativa reconocida y contar con un plan permanente de calidad. También se establece que en ningún momento podrán depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones y que aquellos centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema.

La concesión de subvenciones a los centros privados y de otras administraciones se realizará a partir de ahora mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, y sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas tal y como señala la normativa estatal. En ningún caso la Junta podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones de formación profesional. Además, el pago de las ayudas quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiaras acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Centros Integrados
El anteproyecto de ley regula asimismo la figura de los Centros Integrados de Formación Profesional, con el objetivo de convertirlos en referencia. Estas instituciones impartirán ofertas que conduzcan a la obtención de títulos de formación profesional y de certificados de profesionalidad, es decir, incluirán actividades propias tanto de la FP inicial como de la ocupacional.

Según se indica en la norma, estas entidades atenderán especialmente las necesidades de cualificación del sistema productivo actual y tendrán una mayor conexión con el mundo empresarial, la I+D+i y las universidades. En colaboración con estas últimas, se impulsará la creación de Centros Integrados de Educación Superior.

Por otro lado, la norma introducirá cambios en cada una de las áreas que conforman el nuevo Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía. De este modo, se posibilitará a los alumnos de la formación profesional básica la obtención del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria. Esta posibilidad, que no contempla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) pese a su elevada demanda, irá acompañada de recursos propios como más horas lectivas y menor ratio por aula.

En cuanto a la FP para el empleo, las actividades docentes se organizarán de manera que el alumnado entre en contacto lo antes posible con las empresas y complete la adquisición de competencias profesionales. Asimismo, para luchar contra el abandono de estas enseñanzas, se realizará en el grado medio una evaluación inicial que identifique el nivel de las aptitudes básicas del alumnado y diseñar así planes individualizados de aprendizaje.

Igualmente, se establece como prioridad las enseñanzas dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad. Esta FP ocupacional se impartirá exclusivamente en instituciones incluidas en la Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía. La normativa establece como novedad la creación de cursos y pruebas de competencia clave, que deberán superar las personas sin titulación para acceder a la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3.

La normativa fija también cambios en la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Así, habrá un procedimiento permanente que permitirá solicitar estos certificados y acreditaciones en cualquier momento, y no a través de una sola convocatoria al año para las especialidades más demandadas como se hacía hasta ahora.

Las ley introducirá modificaciones en la actividad docente. La novedad principal es que el profesorado podrá impartir todas las ofertas formativas en conformidad a su especialidad, y no sólo en la FP inicial como hasta ahora. Esta formación también podrá ser impartida por formadores y profesionales cualificados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Además, para que los docentes dispongan de la experiencia profesional necesaria en su especialidad se incluirán programas de actualización científica y tecnológica y estancias formativas en empresas, entre otras medidas.

Comunicación del Gobierno de Andalucía para la celebración del debate sobre el Estado de la Comunidad 2014


La obligación de todo Gobierno de rendir cuentas y hacer propuestas a la institución depositaria de la soberanía popular, con la consiguiente labor del Parlamento de ejercer el control e impulsar la acción política, tiene una especial significación en esta legislatura que ahora supera su ecuador en Andalucía.

La intensa actividad desplegada por el Ejecutivo y por la Cámara autonómica ha tenido su reflejo en que esta Legislatura esté siendo la de mayor producción normativa en la historia de nuestra autonomía. El Parlamento ya ha aprobado 11 leyes, algunas de tanta trascendencia como la de Transparencia o la de la Función Social de la Vivienda, a las que habría que sumar otros tres proyectos de ley en tramitación parlamentaria (para permitir la investigación con preembriones humanos no viables, para regular el deporte y para el Consejo Andaluz de Concertación Local) y otros cinco anteproyectos de ley iniciados por el Consejo de Gobierno: Mecenazgo, Protección de los usuarios de hipotecas de vivienda, Fraude Fiscal, Memoria Democrática y, más recientemente, para Participación ciudadana y Formación Profesional.

Muestra de la clara voluntad del Ejecutivo en el impulso del calendario legislativo es el hecho de que actualmente se estén ultimando los trámites para dar luz verde a otros cinco anteproyectos de ley: Creación del Instituto de Crédito de Andalucía, Fomento del Emprendimiento, Juventud Andaluza, Movilidad Sostenible y Cambio Climático.

Además, para atender con la urgencia necesaria las situaciones de extraordinaria necesidad que la crisis provoca en las familias andaluzas, se ha aprobado 25 decretos ley, que fundamentalmente han ido dirigidos a la creación de empleo, la lucha contra la exclusión social y ayudas para la reactivación económica.

La intensidad y profundidad de la crisis económica así lo ha reclamado y es por ello que, dentro de este trabajo, las instituciones del autogobierno andaluz han centrado sus esfuerzos en combatir los efectos más negativos de la recesión: el desempleo, de forma prioritaria, pero también los déficit democráticos y la desconfianza ciudadana que –especialmente en el sur de Europa– han producido no pocas decisiones impuestas al margen de los cauces de la soberanía popular.

Junto con el obligado balance y las necesarias propuestas, el Debate del Estado de la Comunidad ofrece en esta ocasión la oportunidad de profundizar en un ejercicio de calidad democrática y de exponer con claridad qué tipo de salida a la crisis se propone. La población andaluza tiene derecho a saber y así lo demanda cada vez con mayor contundencia.

Es un error interpretar en clave autocomplaciente los recientes indicios de recuperación del empleo y de la actividad económica en Andalucía. Y mientras el paro siga reclamando nuestra atención como una prioridad absoluta, será inútil especular acerca de si ya han pasado las turbulencias o cuánto tiempo queda. Este tipo de triunfalismos o de especulaciones desvían la atención de las demandas de la ciudadanía. La recuperación no será real hasta que la sientan las familias y quienes peor lo están pasando en esta crisis.

Por eso, el Gobierno andaluz está comprometido con dar una salida social y no exclusivamente economicista. Se está redefiniendo el modelo productivo para que genere más y mejor empleo y preservando el Estado del bienestar que tanto ha costado construir y que garantiza la igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad.

El Gobierno surgido de la mayoría de progreso que dieron las elecciones de marzo de 2012 ha respondido a estas cuestiones con los hechos, sustentados a su vez en un programa netamente diferenciado de aquellos otros que han agravado las dificultades económicas y las desigualdades en España y en buena parte de Europa. En Andalucía se demuestra que es posible gobernar de otra forma, o que no hay una única respuesta o una única salida a esta crisis. El debate no puede rehuir este hecho diferencial, de igual modo que el Gobierno no renuncia a dialogar y sumar el mayor consenso posible en torno a los asuntos prioritarios de la lucha contra el desempleo, la defensa del Estado del Bienestar, la transparencia, la ampliación de la participación y la reorientación del modelo productivo.

La política económica del Gobierno andaluz ha estado durante esta legislatura totalmente conectada al objetivo de la creación de empleo, con sucesivos planes de choque dirigidos especialmente a los colectivos sociales más castigados por la crisis, como los jóvenes o los parados de larga duración con cargas familiares.

Tan sólo en el último año estas iniciativas han supuesto unas inversiones públicas de más de 900 millones de euros. Muchas de ellas, y especialmente las de apoyo a la construcción sostenible, al empleo juvenil y a las pymes, están claramente orientadas al cambio del modelo productivo.

A estas acciones de intervención directa, el Gobierno andaluz ha sumado otras que propician una decidida participación de la iniciativa privada. Este es el caso de los convenios suscritos con los grandes grupos empresariales que operan en la comunidad, que han multiplicado las posibilidades de inserción de los jóvenes en el mercado laboral y de su participación en programas de estudios especializados y de investigación. Los efectos tangibles de esta colaboración, que en parte han paliado los recortes en becas y en I+D+i, no ocultan el gran beneficio intangible de la confianza de las grandes empresas y de los grupos inversores en la política económica que se lleva a cabo en Andalucía.

La defensa del Estado del bienestar, salir de la crisis con los derechos reforzados y no mermados, es una prioridad paralela a la de la creación de empleo. Andalucía cumple con los objetivos de déficit impuestos, pero lo hace sin recortar derechos como ocurre en otros territorios.

En materia educativa se mantienen prestaciones que se han eliminado o recortado en la mayor parte de las comunidades, como la gratuidad de libros de texto, los comedores escolares, las escuelas infantiles o la educación compensatoria. En salud se mantiene la asistencia a las personas inmigrantes y se refuerza la garantía de derechos en la atención sanitaria. Y en materia de Igualdad se realiza un enorme esfuerzo para preservar el Sistema de Atención a la Dependencia con una financiación autonómica que actualmente se sitúa en el 72% frente a la aportación estatal del 28%, cuando la propia ley reguladora establece una cofinanciación al 50%.

La Junta de Andalucía ha tenido que realizar un sobreesfuerzo durante estos años por la merma continuada de financiación estatal. El Gobierno de la nación está haciendo una aplicación incorrecta del sistema de financiación autonómica, que supone una pérdida de 1.000 millones de euros anuales. La reforma del modelo constituye una demanda insoslayable no sólo por sus efectos negativos en la comunidad sino por la grave repercusión sobre la propia configuración del Estado autonómico.

Durante el último año se ha producido un serio deterioro de los equilibrios territoriales que, no sólo en el plano de la financiación, han sustentado el progreso de la España democrática desde hace tres décadas. Y hoy, como entonces, como aquel 28-F de 1980, Andalucía no asiste impasible o resignada ni a las tensiones disgregadoras, ni a las tentaciones recentralizadoras, ni a las tentativas que en un sentido o en otro pretenden el regreso al escenario de la España desigual. Andalucía sigue defendiendo la validez del marco de convivencia constitucional y por ello reclama su profundización y su reforma. Como entonces, Andalucía afronta el reto del debate territorial con una voluntad de actuar como fiel de la balanza que garantice la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan.

Ni el Gobierno andaluz ni el Parlamento han rehuido en estos años de las insistentes demandas ciudadanas de más transparencia, más control del dinero público y más participación. Se han creado instrumentos para hacerlas efectivas porque de ello depende en buena parte recuperar la confianza de la ciudadanía y no volver a caer en los errores del pasado. Andalucía ya cuenta con la Ley de Transparencia más avanzada del Estado, a la que pronto se sumará la de Participación.

En esta legislatura, y especialmente a lo largo del último año en que el Gobierno de progreso ha asentado su programa, Andalucía ha demostrado que otra forma de hacer política es posible; que las dificultades no son excusa sino acicate. Si el debate es ante todo contraste, es evidente que lo hay: no en todos sitios se hace exactamente lo mismo. Andalucía marca la diferencia.

El Gobierno andaluz agiliza la constitución de las asociaciones de personas consumidoras y refuerza su pluralidad

El Consejo aprueba una nueva regulación que incluye el reconocimiento específico para las organizaciones más representativas

La Junta de Andalucía agilizará y simplificará los trámites para el reconocimiento de las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto regulador del régimen jurídico y el registro de estas entidades, que ya no tendrán que justificar el número mínimo de asociados y de ingresos anuales para su consideración oficial.

La norma, que sustituye a la vigente desde 1986, se adapta al protagonismo adquirido por el movimiento de defensa de los consumidores y usuarios durante las últimas décadas, así como a su creciente especialización en ámbitos como los de la vivienda y el sector crediticio. En este sentido, se introducen medidas para reforzar su pluralidad y otorgar reconocimientos específicos a los más representativos.

Una de las principales novedades recogidas en el decreto es la eliminación del requisito de la doble inscripción, ya que el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras será único y no será necesario que las entidades formalicen también su inclusión en el general de Asociaciones de Andalucía, salvo que se trate de cooperativas.

Para favorecer la participación y reflejar mejor la pluralidad del movimiento asociativo de defensa de los consumidores, el nuevo diseño del registro distinguirá entre las entidades generalistas y aquellas otras que operan en un solo sector del mercado.

Dentro del grupo de las generalistas se introduce el reconocimiento específico para aquellas que aspiren a ser catalogadas como “más representativas de Andalucía”. A estas entidades, que tendrán un papel reforzado en las políticas de consumo de la comunidad, sí se les exigirá un número de personas asociadas (10.000) y de ingresos por cuotas (120.000 euros anuales). Deberán ser federaciones o confederaciones de ámbito andaluz y contar con entidades de carácter provincial en todo el territorio. Su inclusión se instruirá, a instancia de parte, mediante un procedimiento basado en parámetros objetivos, medibles y auditables. Andalucía es la primera comunidad autónoma que regula el reconocimiento de la representatividad.

Las asociaciones y organizaciones encuadradas entre las más representativas por el cumplimiento de estos requisitos tendrán derecho a formar parte del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos Provinciales en esta materia. Asimismo, podrán proponer a la persona titular de la Presidencia de la Junta Arbitral de Consumo y participar en el diseño y desarrollo de las distintas políticas sectoriales que afecten a los consumidores.

En la misma línea de agilización administrativa, la norma encarga a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales el desarrollo de la informatización y digitalización del registro, residenciándolo en un servidor web accesible a toda la ciudadanía, así como las medidas necesarias para permitir la tramitación telemática de las solicitudes de inscripción y de los procedimientos posteriores.

Respecto a la regulación de 1985, el decreto aprobado hoy también define el ámbito de aplicación para incluir a todas aquellas organizaciones y asociaciones dedicadas a la defensa, información, educación, formación, asistencia y representación de las personas consumidoras y usuarias, tanto en relación directa a sus personas asociadas como a los intereses colectivos de toda la ciudadanía.

Finalmente, las organizaciones y asociaciones ya inscritas tendrán un plazo máximo de seis meses para actualizar sus datos registrales de acuerdo con lo establecido en el decreto, especialmente en lo relativo a la consideración de entidades sectoriales, generalistas o “más representativas”.

El decreto aprobado hoy responde a las propias demandas del movimiento asociativo que fueron plasmadas en el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, suscrito en 2012 por la Junta y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía y la Unión de Consumidores y Usuarios en Acción UCA-UCE.

La Junta inicia el nuevo plan de ordenación de la Sierra de las Nieves para lograr su declaración como Parque Nacional

La elaboración del documento es un requisito que exige la legislación estatal como paso previo a la decisión del Congreso de los Diputados

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar el proceso de elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (Málaga), con el fin de proponer su declaración como Parque Nacional. Este nuevo documento de planificación es un requisito que exige la legislación estatal como paso previo a la decisión que deberá aprobar el Congreso de los Diputados.

Junto con ello, también se requieren especiales valores ecológicos que, en el caso de la Sierra de las Nieves, vienen determinados por la presencia del pinsapo y de un número de especies exclusivas de la flora (endemismos botánicos) comparable al de las cumbres de Sierra Nevada, actualmente el único parque nacional andaluz de montaña. El espacio protegido malagueño destaca asimismo por la singularidad geológica de albergar uno de los escasos afloramientos de peridotitas (rocas de origen plutónico) en el mundo.

El nuevo plan, cuya formulación ha aprobado el Consejo de Gobierno, definirá el territorio del futuro parque nacional, sus áreas de protección periférica y una nueva zonificación de actividades y usos compatibles. El ámbito del plan comprenderá los términos municipales de Casarabonela, Alozaina, Güaro, Ojén, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox, Yunquera y Benahavís.

La elaboración del documento se realizará con las aportaciones de la comunidad científica y de los sectores socioeconómicos e institucionales representados en la Junta Rectora del Parque Natural, así como de los restantes municipios que se integran en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya ha elaborado un informe sobre la idoneidad de la declaración del tercer parque nacional andaluz, que se sumaría a los de Doñana y Sierra Nevada, con la identificación de un territorio de casi 18.000 hectáreas como el ámbito con los valores naturales que se exigen para ello. Este enclave constituiría inicialmente el núcleo de las áreas más extensas que actualmente conforman el Parque Natural y la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves (20.163 y 93.930 hectáreas, respectivamente).

Situada en la Serranía de Ronda, en el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas, la Sierra de las Nieves alberga la más extensa población de pinsapos de Andalucía, además de valiosas formaciones de quejigales, encinares y bosque mediterráneo. Sus ecosistemas sirven de hábitat a 150 especies de aves y a una rica fauna terrestre en la que se incluyen la cabra montés, el corzo y la nutria. Entre sus valores geológicos, destaca la presencia de numerosas grutas, cavernas y simas, entre ellas la denominada Gesm, la tercera más profunda del mundo con 1.100 metros.

Además de la riqueza ecológica, la Sierra de las Nieves ofrece también una lograda conjunción del urbanismo y la arquitectura popular con un atractivo entorno en el que abundan tajos, barrancos y desfiladeros. En cuanto a las actividades económicas, las más relevantes son las ganaderas, forestales y cinegéticas, así como las ligadas al turismo y a la industria artesanal (talleres textiles, marroquinería y forjado de rejas).

El Consejo modifica los estatutos de la Agencia IDEA para avanzar en la transparencia y en el control de la gestión

La entidad consolida su autonomía y se adapta a la Ley de Reordenación del Sector Público

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con el fin de adaptarlos a la Ley de Reordenación del Sector Público, avanzar en la transparencia y reforzar el control y la gestión interna y externa.

De acuerdo con los nuevos estatutos, IDEA pasa a ser una agencia pública empresarial dotada de personalidad jurídica pública diferenciada de la Administración andaluza, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y administración. Estará adscrita al departamento con competencias en materia de promoción económica, industria o desarrollo empresarial, como medio instrumental y de servicio técnico para realizar los trabajos y la prestación de servicios que le encomiende la Administración andaluza.

En cuanto a la estructura interna, la presidencia de la agencia pasará de la persona titular de la Consejería a la de la Viceconsejería, mientras que la vicepresidencia será ejercida por quien ocupe la Secretaría General con competencia en industria o desarrollo empresarial en este departamento. Además, los cargos de la dirección general y de las ocho gerencias provinciales serán nombrados por el Consejo de Gobierno, y no como hasta ahora por el Consejo Rector de IDEA, mientras que la persona titular de la Secretaría General de la entidad deberá ser preferentemente un funcionario dependiente del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.

Otra modificación relevante es la que atribuye al Consejo Rector de IDEA las funciones de autorizar y aprobar las actuaciones e inversiones cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000 euros e inferior o igual a 3.005.060,52 euros, frente a los 1,2 millones anteriores. El Consejo de Gobierno ratificará posteriormente aquellas autorizaciones de gasto que superen esta cantidad, equiparándola así con los límites previstos en la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía.

Los estatutos también establecen que la Agencia se regirá por el Derecho Administrativo en el ejercicio de las potestades que tenga atribuidas y en las relativas a responsabilidad patrimonial y a la formación de la voluntad de sus órganos, entre otras, mientras que estará sometida al Derecho Privado en aquellas cuestiones que así lo requieran para su gestión empresarial.

Respecto a las competencias, los estatutos especifican que corresponde a la entidad la gestión de los denominados fondos sin personalidad jurídica, o fondos reembolsables. Estos instrumentos de ayuda, actualmente 11 con una dotación global de más de 1.000 millones de euros, cubren todas las fases del desarrollo empresarial (creación, crecimiento, consolidación e internacionalización.

Apoyo a emprendedores
IDEA es la agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz, especializada en la creación y modernización del tejido empresarial y en el fomento de la innovación. Entre sus principales áreas de actuación destacan la financiación y desarrollo de empresas, a través de ayudas y programas de respaldo; la dotación de infraestructuras y espacios productivos y de innovación vinculados a los distintos sectores y clústeres de la comunidad; la captación de inversiones extranjeras, y el diseño y prestación de servicios avanzados a emprendedores.

Desde 2007, año de inicio del marco de apoyo europeo actualmente en cierre, IDEA ha apoyado con sus distintos instrumentos de ayuda y financiación la puesta en marcha de más de 17.300 proyectos empresariales, con una inversión pública de más de 1.480 millones de euros que han comprometido una inversión empresarial de 7.235 millones y la creación y mantenimiento de más de 830.000 puestos de trabajo.

La Junta destina 5,2 millones al pago de préstamos reintegrables para la compra de viviendas libres en stock

El Consejo aprueba una transferencia de crédito para financiar las ayudas relativas a las cuotas hipotecarias de 2014 y del último trimestre de 2013

El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de créditos de 5,2 millones de euros para el pago de las ayudas reintegrables concedidas por la Junta a las familias beneficiarias del programa de adquisición de stock de viviendas libres, correspondientes a la financiación de las cuotas hipotecarias de 2014 y del último trimestre de 2013.

Estas ayudas, en vigor entre 2009 y 2013, cubren una media del 40% de la cuota hipotecaria durante un periodo de cinco años. Teniendo en cuenta que las primeras operaciones de compraventa se formalizaron en 2010, el compromiso económico autonómico comenzó a contabilizarse desde el ejercicio 2013, del que ya se han abonado los tres primeros trimestres. En conjunto, entre 2013 y 2014, estos préstamos reintegrables supondrán una aportación de 6,18 millones.

La financiación prevista en el programa de adquisición de viviendas libres en stock oscila entre 9.000 y 15.000 euros por comprador, en función de sus características e ingresos económicos y con preferencia para menores de 35 años, familias numerosas, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

Durante el periodo de vigencia de la medida, la Junta de Andalucía aprobó 1.476 préstamos reintegrables, con unas ayudas asociadas de 20,8 millones de euros que serán abonadas entre 2013 y 2020.
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